La icónica organización humanitaria solicitó formalmente a la Justicia argentina que amplíe las medidas de protección para el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución fundamental que resguarda la información genética de los familiares de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y que hoy se encuentra bajo el asedio del Gobierno de Javier Milei.

«Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una ampliación de las medidas de protección al BNDG», informó la entidad en un comunicado este viernes, denunciando el inminente riesgo que atraviesa el organismo.

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La entidad humanitaria advierte sobre la pérdida de autarquía y autonomía que sufrió el BNDG a partir del decreto 351, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y publicado el 23 de mayo. Según las Abuelas, el Banco se encuentra acéfalo desde hace semanas, sin que se haya llamado a concurso para cubrir cargos directivos esenciales. Esto paraliza funciones vitales como la firma de informes para entrecruzamientos de material genético, la compra de insumos o el mantenimiento de equipos.

Además, el presupuesto del BNDG se mantiene con el de 2023, lo que lo deja sin fondos suficientes para operar adecuadamente, lo que afecta incluso los viajes para extracción de muestras y las exhumaciones necesarias para completar grupos familiares y esclarecer los crímenes de lesa humanidad.

Abuelas de Plaza de Mayo ha objetado que las decisiones sobre el Banco están en manos de funcionarios sin la capacitación específica para un laboratorio de alta complejidad que es «perito oficial en causas de lesa humanidad». La institución denuncia una «omisión de asignar un presupuesto suficiente» y la «omisión de la designación de las autoridades», además de acciones concretas del Gobierno que modifican las características esenciales del Banco para entorpecer su labor.

El texto subraya que «lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad».

El decreto de Milei, al quitarle al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, obstaculiza directamente su objetivo de garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de información genética para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.

El Banco Nacional de Datos Genéticos, fundado en 1984, es una herramienta crucial que permite resolver 139 casos de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, más de 300 personas aún esperan recuperar su identidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo enfatizan que la pérdida de muestras biológicas y genéticas sería «irreproducible», lo que convierte el actual riesgo en una amenaza para el derecho a la identidad y la justicia que no caduca.

«Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen», concluyó la organización, reafirmando su compromiso inquebrantable con la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.

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